Beatriz Busaniche, magíster en propiedad intelectual y miembro de la Fundación Vía Libre, una organización especializada en derechos y nuevas tecnologías, considera al proyecto como “un incentivo a la censura previa y una clara amenaza a la libertad de expresión”.
Según la especialista consultada por Infotechnology.com, el texto presenta cuatro puntos conflictivos: brinda una definición muy amplia de lo que es contenido discriminatorio, ordena a los sitios webs a eliminar los comentarios en cuestión, incluye tipos penales y la reversión de la carga de la prueba.
Sobre este último punto, Busaniche aclara que “normalmente en los procesos judiciales es quien acusa el que tiene que probar su punto, pero en este caso, aquel que es acusado de una conducta discriminatoria es quien debe demostrar que no tuvo vocación de discriminar”. Para la secretaría de la Fundación Vía Libre, uno de los mayores problemas radica en que el proyecto “pone la potestad en el actor privado, atribuyéndole alguna forma de responsabilidad”.
La magíster no fue la única en pronunciarse en contra de que esta norma avance su curso con su texto actual. El Centro de Estudios Legales y Sociales, presidido por el kirchnerista Horacio Verbitsky, hizo público en octubre pasado un comunicado en el que expresaba su preocupación sobre los artículos que promovían la clausura de medios de comunicación y el retiro de contenidos, entre otros.
Además, el comunicado aseguraba que el proyecto se contradice con las políticas de libertad de expresión defendidas por los tratados internacionales incluidos en la Constitución. Para Busaniche, por su parte, “cualquier marco donde una opinión pueda ser tipificada penalmente ejerce algún poder de autocensura”.
Sobre este último punto, Busaniche aclara que “normalmente en los procesos judiciales es quien acusa el que tiene que probar su punto, pero en este caso, aquel que es acusado de una conducta discriminatoria es quien debe demostrar que no tuvo vocación de discriminar”. Para la secretaría de la Fundación Vía Libre, uno de los mayores problemas radica en que el proyecto “pone la potestad en el actor privado, atribuyéndole alguna forma de responsabilidad”.
La magíster no fue la única en pronunciarse en contra de que esta norma avance su curso con su texto actual. El Centro de Estudios Legales y Sociales, presidido por el kirchnerista Horacio Verbitsky, hizo público en octubre pasado un comunicado en el que expresaba su preocupación sobre los artículos que promovían la clausura de medios de comunicación y el retiro de contenidos, entre otros.
Además, el comunicado aseguraba que el proyecto se contradice con las políticas de libertad de expresión defendidas por los tratados internacionales incluidos en la Constitución. Para Busaniche, por su parte, “cualquier marco donde una opinión pueda ser tipificada penalmente ejerce algún poder de autocensura”.
Un proyecto de ley quiere regular los comentarios discriminatorios en Internet
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